La ética profesional es la más sólida base sobre la que se asienta la actuación profesional de los gestores administrativos, basada en seis pilares fundamentales, en el Código Deontológico de la profesión, como son: la independencia, la integridad moral, la dignidad, el secreto profesional, la formación y el procedimiento, y la función social, del gestor administrativo como representante de los clientes ante las Administraciones Públicas.
Estos seis pilares éticos sirven como catalizadores del desarrollo profesional, de la atención a los clientes, y del respeto y la buena fe en la relación con las Administraciones Públicas, contribuyendo, al tiempo, a la mejora de la tramitación y de la atención al ciudadano.
El gestor administrativo, como profesional que es, debe actuar y valorar todas las variables que se plantean en la atención a sus clientes, tomando en consideración todos los intereses en juego y aplicando toda una panoplia de valores. Estos valores posibilitan la determinación de sus prioridades profesionales, permitiéndonos elegir al gestor administrativo entre las diversas soluciones que se puedan plantear, siempre buscando la solución más satisfactoria para el ciudadano, pero siempre dentro de los límites establecidos por la legalidad vigente y del mayor respeto a las Administraciones Públicas.
Y es en esta línea de actuación ética en la que se enmarca la llevada a cabo por los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos desde el inicio de la pandemia del Covid-19, denunciando las medidas de las Administraciones Públicas que están laminando la confianza de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y poniendo en peligro su futuro.
Los gestores administrativos no sólo hemos vivido momentos de máxima intensidad desde que se decretó el estado de alarma, porque nos hemos tenido que encargar de multitud de gestiones que necesitaban cumplimentar nuestros clientes, sino que, además, nos hemos convertido en una voz crítica en defensa de la necesidad de medidas legislativas y administrativas que aporten seguridad jurídica y permitan a autónomos y empresarios tomar decisiones de futuro y en leales colaboradores del Gobierno y de las CCAA a la hora de tomas medidas para relanzar la economía española, maltratada por las dos últimas crisis sufridas.
Los colapsos en las webs de las distintas administraciones, los cambios normativos incorporados en multitud de decretos han ralentizado nuestra actividad que han tenido que asumir gestiones como la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo, derivadas de los ERTE que, hasta ahora, no formaban parte de su cometido.
El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, ha criticado la gestión de diversos organismos de la administración, como el SEPE, la Seguridad Social o el ICO; desde el Consejo se ha propuesto que desaparezca la obligación de declarar cuando el segundo pagador es el SEPE, porque en estas circunstancias económicas extraordinarias supone un desembolso muy grande para personas que lo necesitan para comer.
Un contribuyente que ha estado nueve meses en ERTE se ha visto obligado a pagar una media de 1.400 euros en su declaración de la Renta de este año. A pesar de los razonamientos enviados a Hacienda, esta propuesta no ha prosperado, al menos este año, por una clara motivación recaudatoria.
La mayor parte de las empresas siguen sin percibir las ayudas directas.
Además, como ha denunciado nuestro presidente, es increíble que, a estas alturas, dieciséis meses después de que se decretara el primer estado de alarma, la mayor parte de las empresas siguen sin percibir las ayudas directas. Aunque, no podemos engañarnos, porque cuando éstas lleguen no van a ser suficiente tabla de salvación para muchas de ellas.
Este artículo ha sido publicado en el número de febrero de 2021 de la revista del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.
