El periodista Jesús Lastra, del Diario Montañés, ha publicado el 7 de mayo un artículo titulado «¿Hachazo fiscal o reforma necesaria?» sobre los cambios tributarios, laborales o en el sistema de pensiones que el Gobierno central ha remitido a Bruselas y que dividen a políticos empresarios y agentes sociales de Cantabria.
Para este artículo han contado con la participación del presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Cantabria, Víctor J. Carpintero, quien ha valorado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
«Hay medidas que afectan a conductores»
El plan de reformas e inversiones remitido a Bruselas el pasado viernes por el Gobierno de España no cuenta con una memoria de impacto fiscal y tributario que tendrá el despliegue de las medidas sobre la economía española.
El Gobierno ha incluido en el plan de reformas remitido a Bruselas dos medidas que afectarían a los conductores: la subida de los impuestos al diésel, para equilibrar el precio con el de la gasolina, a partir del cuarto trimestre de 2022. También, la posibilidad de introducir peajes en las autovías un año después, a principios de 2024. Aunque indica que esta última medida está pendiente de «analizar» y que se trata de una medida que ya aplican 23 de los 27 países de la UE, de los que 15 de ellos cobran por el uso del 100% de su red de autovías.
Se prevé establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías. La documentación no desglosa cuáles pueden ser los costes por kilómetro que deban asumir los conductores, si bien en el sector llevan meses cifrando este pago entre tres y cuatro céntimos. En el informe se establece el eventual planteamiento de reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos.
En el segundo trimestre de 2022 se aprobará la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados y en el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos, con la finalidad de revisar las bonificaciones fiscales del diésel sobre la gasolina.
15 beneficios fiscales entre 2021
El Gobierno se compromete también con Bruselas a evaluar 15 beneficios fiscales entre 2021 (a partir del segundo trimestre) y 2024, que no detalla, y que serán seleccionados por un grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda. Cada uno de esos tres años, se realizará una evaluación de cinco beneficios fiscales. Se plantea una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado. El Gobierno valora en 60.000 millones el importe de los actuales beneficios fiscales.
El Ejecutivo asegura que existe la posibilidad de crear «nuevas figuras tributarias» que graven los comportamientos nocivos con el medio ambiente, y en el ámbito de la imposición sobre la riqueza, asegura que hay «importantes mejoras a introducir».
Y se insiste en incluir mínimos en la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal a la baja entre las CC. AA.
Sobre las restantes reformas pendientes, el plan no aporta grandes novedades a las líneas generales expuestas en reiteradas ocasiones.
En materia de pensiones, el Gobierno se compromete a garantizar su poder adquisitivo y a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. dificultando las prejubilaciones e incentivando que se siga trabajando, de forma voluntaria, más allá de la edad legal de retiro.
Explica que habrá esfuerzos en acabar con el «abuso de la temporalidad» y la «rotación excesiva», limitará la subcontratación, introducirá un mecanismo alternativo a los ERTE con el fin de evitar despidos y «modernizará» la negociación colectiva.
